Huichapan, Hidalgo, a 28 de octubre de 2018. Huichapan hiede a puerco desde que fue declarado «Pueblo Mágico» hace seis años, y su propio pueblo ahora lo llama «Puerco Mágico».
En 2016 padeció una crisis de contaminación porcina que parecía quedar en el pasado con un hedor reminiscente que se intensificaba en días esporádicos hasta niveles más o menos tolerables (siempre y cuando estuviéramos en casa y cerráramos a tiempo las ventanas).
A principios de este mes, sin embargo, una pestilencia insoportable y enfermante de mierda porcina y otros deshechos tóxicos, a veces quemados, invadió y saturó el aire de Huichapan y sus alrededores, con un doble repunte, pues al de los años se agrega en esta ocasión el que padece la población tres veces al día, cada ocho horas en promedio.
Mucho mayor que su antecedente de 2016, la contaminación proveniente de la granja conocida como El Membrillo y ubicada en la comunidad El Cajón, afecta gravemente la salud de los habitantes y visitantes, además de la economía local que dependa de turismo, proyectando una pésima imagen de Huichapan a nivel mundial.
Sus efectos: dolores de cabeza, calenturas, dificultades respiratorias (desde catarros hasta gripes) y tos, náuseas y vómitos, fatigas, insomnios, conjuntivitis y debilidad visual, entre otros, sobre todo en los niños y adultos mayores.
El verdadero nombre de la granja porcina es Agropecuaria Tepeyac, pero todos la llaman El Membrillo por ser contigua, para desgracia de sus vecinos, al Rancho El Membrillo, cuyo nombre data de 1801, mientras el de la fuente de contaminación criminal no consta en ningún lado, es prácticamente un secreto.
La granja, propiedad de la señora Dolores Cela (viuda) de Siordia, según el Grupo Ambientalista Huichapan, engorda cinco mil cerdos en cinco naves para mil cerdos cada una y los vende cada cuatro meses, por lo que suman quince mil al año, de los cuales muere un cinco por ciento o más: entre 750 y mil puercos al año son tirados a cielo abierto con cal encima, de modo que los perros famélicos huelen los cadáveres y completan el desastre.
Miles de cerdos crecen hacinados en un mar de su propia inmundicia, que los criadores dejan acumular hasta que les cubra las patas y les llegue hasta la panza, como para que los pobres animales no puedan caminar y aprendan a nadar, o por lo menos adapten su forzado y esforzado sistema respiratorio a la saturación insalubre del aire, añadiendo sus propios gases.
La empresa contratada por la propietaria para la crianza, la engorda y la venta de los puercos es Grupo Sterling, registrada en Santiago de Querétaro, una empresa considerada de «capital golondrino» por ir de un lado a otro; antes operaba en Tecozautla, también «Pueblo Mágico» del estado de Hidalgo, hasta que los pobladores lograron echarla de sus tierra por la vía legal y de la movilización social hace dos años y medio, o tres.
El responsable de su operación en Huichapan era el ingeniero Leobardo Martínez Degollado, quien dejó de trabajar para la empresa en abril pasado (según su propio dicho), pero mientras estuvo a cargo de la granja ocurrió la crisis de 2016 y la contaminación llegó a tal punto que, por ejemplo, una muchacha embarazada vivía en El Cajón, empezó con tos y terminó abortando.
Los propietarios del Rancho El Membrillo fundaron entonces el Grupo Ambientalista El Cajón, ahora Grupo Ambientalista Huichapan y, entre otras cosas, recabaron testimonios de vecinos sobre los efectos de la contaminación porcina en su cotidianidad, dramáticos testimonios que hablan de moscas en abundancia, pérdida del apetito y del sueño, sobre todo cuando los niños más pequeños despertaban llorando, con calenturas y dolores de cabeza.
La comunidad El Cajón es la principal afectada; en segundo lugar, los barrios San Mateo y El Calvario, y de ahí todo Huichapan.
En algún momento, para apaciguar el descontento, Leobardo Martínez ofreció puercos de regalo a los dueños del rancho, quienes optaron por migrar al estado de México.
El Grupo Ambientalista documentó que la granja contamina tanto el aire como el agua y la tierra, desde la superficie hasta los mantos acuíferos o freáticos, un daño que resulta especialmente destructivo y criminal por la ubicación de Huichapan en un corredor de aguas termales, mientras que los ejidatarios de El Cajón denunciaron que el agua del ejido escasea debido a su acaparamiento por la granja.
Al ocurrir la crisis actual, con otros responsables, la granja recurrió a sus habituales prácticas de soborno con sendos puercos de regalo a los 44 delegados de los barrios y las comunidades de Huichapan en un último intento de amortiguar las protestas, y algunas de estas «autoridades» auxiliares aceptaron el ofrecimiento.
Los delegados de San Mateo y El Cajón asumen papeles ambiguos, abogando a favor de la granja por dar empleos mal pagados que además enferman a los empleados.
A cambio de que dejaran de protestar, la granja regaló cerdos pequeños a unos cuantos pobladores de El Cajón y, por ser gente de muy escasos recursos, también aceptó el ofrecimiento.
Norberto Nieto Ramírez, propietario del rancho y fundador del Grupo Ambientalista, considera que la crisis actual es consecuencia de la insalubridad acumulada que terminó desbordándose por «malas prácticas» y falta de supervisión sanitaria, mientras que otras fuentes especulan que los operadores de la granja decidieron ahorrarse la inversión en químicos necesarios como pesticidas y desinfectantes.
Una historia de familia: La señora Dolores Cela de Siordia, propietaria de la granja criminal, es suegra del priista Honorato Rodríguez Murillo, a su vez pariente de Jesús Murillo Karam, y ese yerno, oriundo de Huichapan, fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno del estado de Hidalgo, posición desde la cual pudo bloquear o anular todas las denuncias o demandas legales (o penales) en contra de la granja, su propietaria y la empresa que tuviera contratada, litigios por el daño irreparable que han causado al medio ambiente y, en consecuencia, a la salud de la población de Huichapan en general, incluida la flora y la fauna.
Esta complicidad al cobijo del poder continúa, pero ahora en forma de permisividad.
El sábado 20 de octubre hubo una reunión del presidente municipal, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, y algunos subalternos, con delegados de los barrios y las comunidades; alguien que supo de la cita convocó a su vez a los vecinos de la noche a la mañana, y los funcionarios se vieron obligados a dar explicaciones cara a cara, delatando su falta de práctica en ese ejercicio.
El edil dijo entonces que no contaban con información, que no había antecedentes, que no podían hacer nada, que no tenían competencia, que habían ido a la granja, pero no los dejaron entrar, que habían regresado y tampoco los dejaron entrar, que ingresar por la fuerza o clausurar la granja sería un abuso de autoridad, que habían presentado un escrito ante instancias estatales y federales (incluida la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que no tiene competencia en este caso), pero todavía no recibían respuesta… todo en ese tenor exasperante, además en voz baja, balbuceando, balbuciendo y tartamudeando, como los subalternos, a quienes temblaba la voz y la quijada.
Una vez exhibida su debilidad, edil y subalternos propusieron como «solución conducente con apego a derecho y la normatividad» un periplo interminable de trámites burocráticos y esperar por tiempo indefinido; para interponer otra denuncia, pidieron a los vecinos firmar hojas en blanco y, salvo los delegados, nadie lo hizo.
Bajo presión del malestar ciudadano, el ayuntamiento municipal interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), que había clausurado la granja en 2016 por motivos similares a los actuales, pero a partir de una denuncia ciudadana, según el mismo ayuntamiento.
La Proespa se enteró esta vez de que la granja había ignorado la primera clausura y seguía operando desde entonces, así que la clausuró por segunda vez el lunes 22 a causa del antecedente y del reiterado y recurrente incumplimiento con diversas normas de higiene y sanidad industrial.
La Proespa emplazó a la empresa: 5 días a partir de la reciente clausura para presentar la documentación requerida, y 10 días para evacuar a todos los animales que hubiera en el interior de la granja; en caso de requerir más tiempo para la evacuación, los propietarios o la empresa que opera la granja tienen derecho a una prórroga, pero el ayuntamiento municipal ignora cuál es el límite de esa prórroga y calculan tres o cuatro semanas.
Los sellos de clausura fueron colocados en las puertas de tal modo que sea posible abrirlas y cerrarlas sin romperlos.
Además de la granja vecina del Rancho El Membrillo, las autoridades sanitarias del ayuntamiento supervisaron la que se encuentra en Dothi, una comunidad más alejada, y aunque algunos vecinos se quejan del mal olor, el coordinador de ecología municipal, Ricardo Paniagua Martínez, dice que allí todo está en orden y que esta granja es administrada por otra empresa.
Ambas granjas tienen los mismos propietarios (al menos de la misma familia: Siordia), pero los funcionarios municipales dicen desconocer quiénes son dichos propietarios porque su querella es contra la empresa contratada en la granja de El Cajón, y dicen ignorar inclusive los nombres de las granjas.
Otra laguna-omisión del gobierno municipal se refiere a los documentos requeridos a la granja por la Procuraduría: el ayuntamiento no tiene copia ni sabe qué documentos son.
Fuentes cercanas al gobierno municipal informaron, por su parte, que miente al decir que la denuncia de hace dos años fue ciudadana, pues la interpuso el mismo gobierno municipal, pero sin seguimiento ni supervisión para permitir que la granja siguiera operando, como pretenden que suceda también ahora.
A la negligencia cómplice y permisiva hay que agregar que las autoridades municipales nunca informan a la ciudadanía de nada, en parte, porque nunca hacen nada que sea servicio público y, en parte, por delegar en las «autoridades» auxiliares esa obligación gubernamental.
En resumen, si algo exhibe la podredumbre contaminante que padecemos ahora más que nunca en Huichapan es vacío de autoridad, corrupción administrativa y apatía de todos en conjunto.
Las granjas porcinas de la familia Siordia causaron una crisis sanitaria en estos días, pero también hay una granja de pollos, seguramente inmensa, que satura el aire de pestilencia tóxica y excremental en el entorno de la Bodega de Aurrerá y la terminal de camiones foráneos.
Cemex es otra fuente de contaminación masiva y no menos criminal, que ameritaría también un extenso reportaje si no fuera porque, a diferencia de la granja conocida equivocadamente como El Membrillo, ha tenido amplia cobertura periodística.
Huichapan 